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El Ayuntamiento de Niebla desafía la Ley de Transparencia

El consistorio iliplense se enfrenta a posibles sanciones al agotar el plazo máximo de dos años para poner en marcha un portal de transparencia que le exige la ley desde 2014

Disposición final de la Ley donde se establece la aplicación de dos años como plazo máximo.

Disposición final de la Ley donde se establece la aplicación de dos años como plazo máximo.

La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Es por eso por lo que el Gobierno central obliga a través de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a todas las administraciones públicas, incluidos los Ayuntamientos. En el caso de la comunidad autónoma andaluza, la citada ley tiene su referencia en las directrices que marca la propia Junta de Andalucía que prevé sanciones para aquellos ayuntamientos andaluces que en el plazo de dos años a contar desde 2014 no pongan en marcha un portal de transparencia.

Así, la tan cacareada transparencia en las cuentas públicas se hace de rogar en el Ayuntamiento de Niebla, en el que solo cumple su labor en favor de la transparencia los trabajadores asociados a los departamentos económicos, sin que se le dé por parte del equipo de gobierno la “publicidad activa”, tal como se especifica en el Capítulo III de la citada Ley, a sus informes, estadísticas e indicadores económicos en un espacio que debe habilitar el Ayuntamiento en su página web, para cumplir así con los principios generales de transparencia y acceso a la información pública.

Pleno del Ayuntamiento de Niebla.

Pleno del Ayuntamiento de Niebla.

En este sentido, durante la pasada de legislatura se acordó por unanimidad en agosto de 2014, a instancias del PP, una moción relativa a la emisión y difusión de plenos municipales en el que se acordaba “habilitar un espacio visible en la web institucional del Ayuntamiento, en el que se pudiera acceder a la emisión en directo mediante enlace y consultar la hemeroteca de videos de plenos pasados con la finalidad de ofrecer a los vecinos una visión más plural y cercana de la realidad municipal”, indicaban. Asimismo, la iniciativa fue ampliada en los meses siguientes por la misma formación política para que también se publicara en ese espacio toda la información relativa a las cuentas municipales. Pero a pesar de adoptarse los acuerdos por unanimidad fueron incumplidos por el Ayuntamiento de Niebla.

Concejales del equipo de gobierno con la alcaldesa, Laura Pichardo. Foto: Ayuntamiento

Foto: Ayuntamiento

Unos acuerdos que venían a completar la doble función de la nueva ley de transparencia: el acceso a la información pública y las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, una doble función que sí se cumple en la web municipal de ayuntamientos como La Palma del Condado o Isla Cristina, entre otros muchos. En ellos, se publica información relativa a las funciones que desarrollan los cargos públicos, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluyen un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional.

Del mismo modo, los ayuntamientos están obligados, según la Ley de Transparencia, a publicar información de relevancia jurídica tales como las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, los distintos reglamentos municipales y las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos; en materia económica los ayuntamientos deberán hacer públicos los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria como los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato.

Además, la relación de los convenios suscritos por ayuntamientos como el de Niebla también deben publicarse en el espacio que ha de habilitarse, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Al igual que las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios; así como los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas, cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. Además, deben publicarse las retribuciones y sueldos percibidos anualmente por el equipo de gobierno electo, sus declaraciones anuales de bienes y actividades, así como la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.

Régimen sancionador por incumplir la Ley de Transparencia.

Régimen sancionador por incumplir la Ley de Transparencia.

Todo ello ha de publicarse en un espacio habilitado a tal efecto pero, a pesar de los acuerdos plenarios adoptados, la web del Ayuntamiento de Niebla, que ahora redirige a una nueva web, sigue obsoleta, sin publicarse ni siquiera la totalidad de actas plenarias ni contar con el portal de transparencia exigido. De esta manera, el consistorio iliplense se enfrenta a posibles sanciones como las recogidas por la Junta en la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía en sus artículos 50 y 51, en los que se destaca lo siguiente: “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley se sancionará conforme a lo previsto (….) Las infracciones disciplinarias se regirán por el procedimiento previsto para el personal funcionario, estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso”, declarando también la ley andaluza que “son responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen acciones o que incurran en las omisiones tipificadas en la presente ley con dolo, culpa o negligencia”, concluyen los artículos legales citados.

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